Post plebiscito, aumentan las consultas entre auditoras y estudios de abogados por un eventual aumento de impuestos tras el cambio constitucional
Expertos coinciden en que hay inquietud por la posibilidad de que avance el tributo a los “súper ricos” y que se eliminen principios como la no afectación y la no confiscatoriedad en materia fiscal.
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![La Carta Magna establece algunos principios que regulan los impuestos en el país. Foto: Agencia Uno](/noticias/site/artic/20201104/imag/foto_0000000520201104203143.jpg)
Ya han pasado dos semanas del triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional, dando inicio al proceso para reformar la Carta Magna, proceso que tiene expectante no solo al mundo político, sino también al sector privado.
Es que la Constitución no solo tiene implicancias de primer orden para los empresarios, como la regulación del derecho de propiedad y el rol del Estado, sino también respecto a la naturaleza de la regulación tributaria, estableciendo algunos principios como la exclusividad del Ejecutivo en materia de tributos o la "no afectación", que implica que los gravámenes no pueden tener un destino específico en el Presupuesto público.
Ya en los meses previos las auditoras y estudios de abogados especializados en materia tributaria habían notado un aumento en la cantidad de consultas, en principio muy enfocadas en las medidas de alivio que implementó el Ejecutivo. Eso sí, desde el referéndum, las áreas especializadas notan mayor expectación y alta incertidumbre respecto a las implicancias tributarias del nuevo debate constitucional.
El socio líder de Asesoría Legal y Tributaria de PwC, Francisco Selamé, explica que los clientes han requerido mucha información respecto a la eventualidad de que se apruebe una reforma constitucional que consagre un impuesto al patrimonio.
"Las preguntas tienen que ver con la legitimidad del procedimiento adoptado, así como con la absoluta falta de regulación de dicho tributo, lo que hace imposible para un asesor responder a preguntas básicas, como la determinación de la base imponible y su aplicación a un sinnúmero de situaciones complejas que se presentan respecto a la titularidad y derechos sobre un patrimonio", plantea, señalando que también hay mucho interés respecto a las modificaciones a las exenciones y regímenes especiales, proceso que paralelo al debate constitucional.
El socio de Tax & Legal de KPMG, Rodrigo Ávalos, recalca que en las llamadas y reuniones que ha sostenido con clientes percibe "sin duda que una preocupación es verse enfrentados en los próximos años a nuevas reformas tributarias estructurales o importantes, luego que recién están entendiendo y comenzando a aplicar las de años previos".
"Una de las dudas está vinculada a la forma en que se verá presionado el sistema con miras a una mayor recaudación de recursos para atender las mayores demandas sociales, y cómo esto podría afectar la estructura tributaria, obviamente sin perjudicar el nuevo régimen para las Pymes", complementa.
Para Hugo Hurtado, socio de Deloitte, también apunta al denominado gravamen a los súper ricos, señalando que la inquietud va por el lado de si con una nueva Carta Magna esta idea podría prosperar o no.
"Otro tema recurrente es la iniciativa exclusiva que tiene, o no, el Presidente de la República para generar modificaciones tributarias. Hoy en día el Mandatario es el único que puede iniciarlas y si se avanza a un sistema más parlamentario, algunos miembros del Congreso podría iniciar una modificación, o un nuevo impuesto, lo que efectivamente tendría un impacto relevante en la tributación e inversión extranjera de nuestros clientes", apunta.
La socia principal de EY Chile, Macarena Navarrete, incluso señala que ha visto situaciones de fugas de capitales y cambios de residencia a partir de la posibilidad de un nuevo tributo al patrimonio: "Existe la preocupación sobre un impuesto que parece ineficaz para disminuir la desigualdad, particularmente en los tiempos esperados, con un proyecto de ley técnicamente bastante deficiente (que ya está generando fuga de capitales y cambios de residencia, con una fiscalización que será cara y compleja, no generará la liquidez necesaria y sí generará doble o múltiple tributación) y a la luz de opciones claramente más eficaces y razonables".
El socio de Recabarren & Asociados, Ignacio Iriarte, también ha recibido consultas respecto a las consideraciones constitucionales del gravamen patrimonial, con foco en la no confiscatoriedad del impuesto, que en términos simples implica que la recaudación del Estado nunca podrá ser tal que conlleve la privación completa de los bienes del sujeto afecto.
"En esta etapa, vemos un mayor interés por el trabajo de la comisión de expertos del Ministerio de Hacienda (para revisar las exenciones), pero esperamos que el tema constitucional tome relevancia al acercarse la fecha de elección de los y las convencionales", agrega.
El trabajo del citado grupo también es una de las preocupaciones que recoge de sus clientes el socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, ya que "la gran mayoría de los clientes entiende que una nueva Constitución no necesariamente implica modificaciones substanciales en el sistema tributario, el cual debe ser -de todas formas- materia de ley".
"Hay interés en el análisis de las exenciones por parte de la comisión de expertos convocada por Hacienda, en el sentido que se percibe como una instancia para poder lograr una mayor eficiencia recaudatoria, sin necesidad de aumentar tributos, pero en general se mira con pesimismo", recalca.
Alex Mansilla, partner Tax & Legal de HLB Surlatina Chile, ha visto un aumento en los requerimientos de orientación luego del domingo 25 de octubre, cuyas aprehensiones de los clientes son que "se eliminen algunos beneficios de manera de aumentar las recaudaciones tributarias".
"Asimismo, hemos recibido llamados preguntando sobre los eventuales efectos que tendría la eliminación de beneficios en materia de impuesto al combustible (devolución de parte del pago del impuesto al diésel) y que se pueda establecer que los fondos de inversión tributen en Primera Categoría y no sólo los aportantes, contribuyentes finales del impuesto, cuando perciben dividendos", explica.
Inversiones en el exterior
El socio líder de BLTA Consulting, Rodrigo Benítez, percibe que las implicancias tributarias del cambio a la Constitución no eran un tema de primer orden antes del plebiscito, pero desde el domingo 25 ha visto un creciente interés en el tema.
"Se está consultando mucho sobre qué garantías o protecciones pueden perderse para los contribuyentes ante un nuevo escenario tributario en la Constitución. Del mismo modo, existe mucho interés respecto a las estrategias para enviar recursos al extranjero, las cuales sirvan de una especie de seguro frente a una necesidad de cambio de residencia", asegura.
En este último punto coincide la socia de Brzovic & Cía. y de la Alianza con Fontaine & Cía., Magdalena Brzovic, ya que ha visto mayor interés de los clientes en diversificar sus inversiones, al margen del debate en el país.
"Los clientes en general desde octubre están más bien preocupados de buscar mercados donde refugiarse. Quieren diversificar sus fuentes de ingresos y eso los ha llevado a buscar opciones para invertir en Estados Unidos y España principalmente", señala la experta.